El espectáculo del desalojo de Maricarmen es una muestra bastante clara de la sensibilidad real que tienen muchos responsables públicos cuando hablan de vivienda.

No hablo solo de okupación. Ni solo de desalojos.Ni solo de jóvenes que no pueden emanciparse.Ni solo de vivienda social.

Hablo de que es difícil resolver cualquiera de esos asuntos, claro que lo es, pero no resolver ninguno empieza a parecer increíble. Y sin embargo es cierto.

Viví el indignante drama de Chelo, de edad parecida a la de Maricarmen que también sufrió en sus propias carnes lo que significa que una vivienda pública termine en manos de un fondo. Le subieron el alquiler, la obligaron a dejar su casa y acabó viviendo con sus hijos, a kilómetros de su vida, en unos metros en los que apenas cabían ya ellos.

Hicimos todo lo humanamente posible. No fue suficiente. 

Pero otra vez aquello se convirtió para gobernantes y medios en un caso casi aislado. Algo que decían sentir mucho, que ocupó unas pocas páginas y desapareció en las semanas siguientes.

No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí.

No entiendo cómo se vende vivienda pública para cuadrar cuentas o conseguir rédito político, cómo se cede alquiler social a fondos de inversión obligados a dar rendimiento a sus inversores, y después se intenta convencernos de que todo esto es un mal menor que tenemos que soportar.

Tampoco entiendo que la alternativa sean siempre grandes planes, llenos de anuncios, cifras y titulares, en los que la vivienda que realmente resuelve el problema de quienes no pueden vivir dignamente acaba siendo ridícula.

La vivienda no puede ser solo una carpeta de campaña.

No puede aparecer en la agenda pública únicamente cuando el drama se graba, se comparte y se convierte durante unas horas en espectáculo.

La exigencia política debería ser clara. Proteger el suelo público, blindar el alquiler social, rendir cuentas sobre cada vivienda vendida o cedida y asumir compromisos medibles.

Gobernar no es lamentar los desalojos cuando ya están ocurriendo.

Gobernar es impedir que la vivienda pública desaparezca antes de que alguien vuelva a necesitarla.