A lo largo de los años he conocido demasiadas quejas y demandas vecinales que terminan agotando a quienes las presentan.
Ciudadanos que reclaman, escriben, recurren, esperan respuestas y vuelven a empezar. Personas que dedican tiempo, energía y, a veces, dinero a defender lo que consideran sus derechos. Y que acaban abandonando, no porque su problema haya desaparecido, sino porque se han quedado sin fuerzas.
Siempre me he preguntado quién defiende realmente al ciudadano cuando se enfrenta a la Administración.
Y aquí encuentro una paradoja.
El Defensor del Pueblo, cuya misión es proteger nuestros derechos y supervisar la actuación administrativa, es elegido por las Cortes Generales mediante acuerdos parlamentarios.
¿No deberíamos cuestionarnos ese origen?
No pongo en duda la profesionalidad de quienes han ocupado el cargo. Cuestiono un sistema en el que quienes deben ejercer el control acceden a su responsabilidad mediante decisiones de los representantes políticos.
¿Y si el Defensor del Pueblo fuera, literalmente, el pueblo?
Propongo transformar esta institución en una Defensoría Cívica, dirigida por ciudadanos seleccionados mediante sorteo, con criterios de diversidad y equilibrio inspirados en las recomendaciones de la OCDE.
Un órgano colegiado, con mandatos temporales, remuneración y equipos permanentes de juristas y especialistas independientes.
No sería otro organismo ni un consejo decorativo. Sería una institución con capacidad real para investigar, exigir explicaciones y defender derechos, conservando las garantías constitucionales actuales.
Naturalmente, necesitaríamos una reforma constitucional y mecanismos rigurosos de independencia y responsabilidad.
Pero la pregunta merece plantearse.
La legitimidad de las urnas permite ejercer el poder. No debería excluir la supervisión ciudadana de cómo se ejerce.
Porque la democracia no puede exigir al ciudadano que participe y después dejarlo solo cuando necesita que alguien le escuche.
¿Y si empezáramos a devolver a los ciudadanos el protagonismo en la defensa de sus propios derechos?

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