Creer que una televisión pública puede llegar a ser algo más que un instrumento de influencia del partido que gobierna, no solo es una quimera sino que acaba siendo un gasto absurdo.

En plena pandemia cuando las personas mayores clamaban por tener un canal público y accesible con el que poder evadirse del horror de la muerte constante y aparentemente inexplicable de sus coetáneos, las peticiones del oyente ni siquiera eran escuchadas por la dirección.

Tampoco servía para trasladar información fidedigna y probada oficial de lo que ocurría con el virus, sus avances y planes. Era un canal más de televisión en el que aunque se había elegido por mérito y capacidad a su Director no dejaba de ser gasto que poco aportaba a la prosperidad e información de la Comunidad. Habiendo que celebrar cual maná cualquier porcentaje de cuota que subiese.

Una vez recuperada la mayoría absoluta y por lo tanto el cómodo velo que opaca el debate y justifica que todo lo que tiene que estar al servicio de la majestad que gobierna, vuelve a tener sentido. Todo por unos módicos 77 millones de euros anuales.

Pergeñar nada más llegar un cambio legislativo en la elección de la Dirección del Ente es una declaración de principios sobre la vuelta a la patrimonialización de lo público y una de guerra respecto a la necesidad de tener todos los resortes controlados con la vista puesta en las siguientes elecciones.

Corren malos tiempos para la libertad, en nombre de quien por cierto, se han cometido incalculables tropelías en el mundo.