A cuenta de la actual guerra televisiva que se libra en todas las cadenas nacionales o autonómicas para tener sofistas y voceros como mercenarios, viendo el panorama económico y político, me surge una preocupación significativa: la competencia desleal que se genera desde el servicio público hacia sectores privados no esenciales, financiada con el dinero de todos los contribuyentes. 

Esta situación plantea un debate crucial sobre el papel del Estado en la economía y la equidad en el uso de los recursos públicos. Y es algo tan habitual como que a nuevo Ayuntamientos es algo tan cotidiano como injusto. Cuando alguien triunfa con su esfuerzo y su riesgo en su negocio, siempre algún lumbreras, da igual el partido, lo copia sin rebozo en instalaciones de todos y precios populares. 

Cuando los gobiernos destinan fondos para competir directamente con empresas privadas en áreas no esenciales, se distorsionan los principios de una economía de mercado justa. Esta práctica no solo desafía la eficiencia y la innovación, sino que también pone en riesgo la viabilidad de pequeños y medianos negocios que son el motor del empleo y del desarrollo local.

La intervención estatal tiene que centrarse en servicios básicos y estratégicos que verdaderamente requieren apoyo público, como la salud, la educación y la seguridad. Sin embargo, expandir esta intervención a sectores donde la competencia privada es viable y efectiva puede llevar a una mala asignación de recursos y a una erosión de la confianza en las instituciones.

Es fundamental replantear la estrategia de participación del sector público en la economía, enfocándose en apoyar y regular, en lugar de competir. Solo así lograremos un equilibrio que promueva el crecimiento económico y la justa competencia que beneficia a todos.

Mientras tanto seguimos sin salir del manido, “tigres, tigres, leones, leones.”