La ley electoral se ha convertido en el ungüento amarillo de la política. Vale para casi todo. Sobre todo para explicar por qué los resultados nunca son exactamente los que algunos querían.

Si el umbral es alto, el sistema expulsa a los pequeños. Si baja, el país se vuelve ingobernable. Si la circunscripción es nacional, entra demasiada gente. Si es provincial, hay sobrerrepresentación. Si está D’Hondt, favorece a los grandes. Si se cambia por una fórmula más proporcional, entonces resulta que el problema será el caos.

Total, que la ley electoral siempre parece ser la culpable perfecta. Nunca falla. Sirve igual para justificar derrotas que para poner en duda victorias ajenas. Tiene algo de milagrosa. Nunca resuelve del todo nada, pero siempre aparece como explicación solemne de cualquier disgusto.

Y así evitamos hablar de lo incómodo. Que quizá el problema no sea tanto la ley como la política que hacemos con ella. La escasa cultura de pacto. La incapacidad de acordar con quien no es idéntico. La alergia a la pluralidad cuando esa pluralidad obliga a negociar de verdad y no solo a recitar consignas.

Muchos países han cambiado sus sistemas electorales pensando que así corregían el desorden, la fragmentación o el bloqueo. Algunos introdujeron segundas vueltas. Otros mezclaron fórmulas. Otros retocaron barreras de entrada. Y muchas veces lo único que consiguieron fue trasladar el problema de una esquina a otra del tablero.

La ley electoral importa, claro. Pero no hace milagros.

No convierte en responsables a los irresponsables. No enseña a pactar a quien vive de la gresca. No eleva el nivel de una política que confunde representación con trinchera.

A veces da la impresión de que no se quiere mejorar el sistema. Solo encontrar una coartada elegante para no asumir el resultado.

Porque echarle la culpa a la ley electoral siempre sale más barato que revisar la propia incapacidad. Siempre se pueden convocar de nuevo elecciones aunque esté claro que las carga el diablo.