Una de las veces que buceaba en Coursera buscando una formación que ampliara mi mundo, encontré varios cursos sobre corrupción impartidos por una universidad mexicana.

Ya entonces me parecieron prácticos y necesarios. Hoy, visto lo visto, creo que aquí tendrían máxima utilidad porque si no siempre esperamos que la UCO o algún periodista ponga el foco en el ilícito. 

Durante más de veinticinco años en contacto con políticos, funcionarios y ciudadanos he comprobado que la diferencia entre lo público y lo privado se desdibuja con una facilidad preocupante. A veces por interés. Otras, simplemente por desconocimiento y falta de reflexión.

En lo privado, quienes invierten, arriesgan y pueden perder su dinero son accionistas, propietarios o socios. Dentro de la legalidad, pueden tomar decisiones sobre su empresa, contratar, delegar o asumir riesgos que solo les afectan a ellos.

En lo público no ocurre eso.

Cuando una inversión es nefasta, cuando se malversa, cuando se contrata por afinidad y no por mérito, cuando una decisión se toma para beneficiar a unos pocos, quienes pagan son los ciudadanos. Todos. Incluso quienes nunca sabrán qué ocurrió.

Por eso las normas de contratación, transparencia y prevención de la corrupción no son burocracia innecesaria. Son una forma de proteger nuestro dinero, nuestros servicios y nuestra confianza.

Esto debería enseñarse en los institutos.

Que cada joven entienda antes de entrar en el mercado laboral la diferencia entre una comisión legítima y una mordida, entre una empresa familiar y el nepotismo, entre una relación profesional y un conflicto de interés, entre influir y utilizar un cargo para beneficio propio.

No para convertir a nadie en sospechoso. Para que nadie pueda decir que no sabía dónde estaba el límite.

Porque el desconocimiento no evita el cumplimiento de la ley. Pero una buena educación ética puede evitar llegar demasiado tarde, cuando ya no hay aula, solo un despacho y un juez.