Encuentro profundamente llamativo que, en la misma semana en la que el Papa acerca una reflexión humana, ética y comprensible sobre la inteligencia artificial, el Gobierno apruebe su proyecto de ley para remitirlo al Congreso sin una verdadera pedagogía pública, sin una conversación social amplia y sin un debate ciudadano a la altura del asunto.

La inteligencia artificial no es una cuestión técnica más. Va a entrar en el trabajo, en la educación, en la sanidad, en la administración, en la justicia y en la manera en la que se toman decisiones públicas. Va a leer datos, recomendar políticas, ordenar prioridades y señalar qué parece eficiente, urgente o prescindible.

Por eso preocupa que una transformación de esta magnitud avance sin que la ciudadanía sienta que forma parte de la conversación. No basta con legislar. Hay que explicar, escuchar y traducir lo complejo a la vida real de las personas.

Me parece significativo que sea el Papa quien haya puesto el foco en la dignidad, el trabajo, la vulnerabilidad y la responsabilidad humana. No porque deba resolver la regulación técnica, sino porque ha hecho algo que la política debería hacer antes y mejor.

El riesgo no es solo que la inteligencia artificial sustituya a los políticos. El riesgo más sutil es que los políticos empiecen a esconderse detrás de ella. Que un día nos digan que una decisión no es ideológica, ni discutible, ni humana, porque lo dicen los datos o lo recomienda el sistema.

La inteligencia artificial puede ayudar a gobernar mejor, pero no puede sustituir la conciencia moral de una sociedad.

Porque una democracia no se protege solo aprobando leyes. Se protege acercando los grandes debates al pueblo antes de que otros decidan por él.

Y una política que legisla sobre el futuro sin explicárselo a quienes van a vivirlo no se vuelve más moderna. Solo se vuelve más lejana.